Ante la prensa y en su lengua original, el gobernador indígena Macario Ramos Durán, el segundo gobernador indígena, Porfirio Ramos Cruz, así como Prudencio Ramos Ramos, Pedro Laredo y Cayetano Bustillos Ramos, señalaron que ellos son personas de bien que sólo buscan proteger el bosque, que es su fuente de vida, de alimento y producción de agua, por lo que piden que no siga la tala.
Los indígenas acudieron a la Procuraduría General de Justicia para interponer la denuncia por daño ambiental, ya que el bosque está siendo explotado de manera ilegal por madereros del municipio de Parral y el ingeniero forestal Rosendo Galván.
Prudencio Ramos Ramos enfatizó que andan buscando justicia, pero una justicia rápida, a fin de que se detenga la explotación ilegal del bosque y se castigue a las personas que los han robado. "Somos personas tranquilas, no le hacemos daño a nadie, pero desde que empezaron los trabajos de tala nos traen corriendo, tenemos miedo"; esto porque las personas encargadas de la tala ilegal llegan armadas y amedrentan a hombres y mujeres de la comunidad integrada por 600 personas.
La comunidad rarámuri de Choreachi se asienta en el Ejido Pino Gordo, ubicado a 7 kilómetros por brecha de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.
Desde hace 46 años inició su lucha; muchos han muerto en defensa de la tierra y a la fecha buscan proteger más de 17 mil hectáreas de bosque sobre maduro. En controversia están más de 30 mil. Esta comunidad forma parte del llamado Triángulo Dorado.
Asesinatos, invasión y acoso por parte de caciques es lo que tienen que soportar los indígenas de Choreachi. Pedro Laredo comentó que en reiteradas ocasiones han acudido a la Profepa para denunciar a los forestales que están entregando los permisos para que se siga talando el bosque.
El segundo gobernador indígena, Porfirio Cruz, enfatizó que buscan se les reconozcan como las personas que están cuidando el bosque. "A nosotros nos encargaron el bosque desde siempre, nosotros crecimos con los pinos, ahí hemos estado siempre, por eso buscamos que nos reconozcan; nosotros no sabíamos que necesitábamos papeles para poderlo cuidar".
Porfirio dijo que vienen hasta la capital para buscar apoyo del gobierno, tanto Estatal como Federal, a fin de que paren los trabajos que andan haciendo en el bosque, ya que las personas que andan talando son personas ajenas al pueblo, ajenas a ellos.
"Nosotros siempre hemos estado ahí, por eso lo defendemos. Ellos han entrado sin permiso de la autoridades que estamos en el pueblo, nos han invadido y robado".
Por su parte, Cayetano Bustillos Ramos expresó que varias veces han venido a la capital para exponer la problemática del bosque, pero las autoridades no responden; Profepa no responde, por lo que han insistido aportando la documentación que les piden para que sean tomados en cuenta. "Buscamos que se pare la tala del bosque y que la Profepa reconozca quiénes son los que se están robando los pinos y se están llevando todo lo que es de nosotros".
Prudencio Ramos Ramos pidió que les hicieran caso, que se les reconozca como pueblo y que se reconozca a las personas que están entrando al bosque, pero principalmente que Profepa dé solución a esta problemática que durante años ha sido un lastre para la comunidad de Choreachi.
Los indígenas recordaron que sus padres los enseñaron a cuidar el bosque, les dijeron cómo se debe de trabajar con los pinos, que desde hace 46 años inició su lucha y desde entonces no han parado.
"Quiero que se den cuenta que nuestros antepasados no están a gusto con lo que está pasando en nuestras tierras, no sólo son los pinos y el bosque lo que se están llevando, sino que al cortar un pino se están acabando nuestras plantas, nuestra agua".
Afirman que todos los conocimientos que les dejaron sus antepasados son valiosos, sin embargo a los caciques y taladores poco les importan, e incluso les dicen que no valen nada, que no sirven, y por ello van a seguir llevándose los pinos.
El miedo es constante, ya que denunciaron que a varios de sus parientes los han asesinado, los más recientes fueron en noviembre y diciembre, cuando Jaime Zubía Ceballos y Socorro fueron asesinados a balazos. "Después de esta denuncia puede que nosotros ya no volvamos a hacer más denuncias, pero queremos que se den cuenta de nuestra lucha". A estos indígenas los andan siguiendo los taladores, por lo que su miedo es fundado.
Los caciques les piden a los indígenas papeles de reconocimiento, pero al no contar con ellos entran a sus tierras y brincan los límites establecidos por la comunidad y trazan sus propios límites, argumentando que ellos sí cuentan con los documentos necesarios.
La última intromisión se registró el pasado 5 de febrero, cuando metieron maquinaria pesada para abrir un camino o brecha de 4 metros de ancho por 6 kilómetros de longitud, con ello afectaron las parcelas de cultivo de los rarámuris, además destruyeron la vegetación forestal; lo único que buscaban era llegar a los parajes en los que desde el 18 de febrero a la fecha han estado talando árboles y sacando los rollos de madera en camiones troceros, todo ello durante la noche.
Una de sus preocupaciones más sentidas es que están talando pinos en pendientes, cerca de los aguajes, y se han encontrado con tocones sin marca, evidencias de la actividad ilegal que se registra en su territorio.
Los indígenas se reunieron con el delgado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Joel Aranda Olivas, quien se comprometió a realizar una investigación profunda de los hechos.
"Me pareció una persona muy seria; se comprometió con la investigación para deslindar responsabilidades", indicó la directora de Alianza Sierra Madre, Isela González Díaz, organización que brinda acompañamiento y asesoría jurídica a los indígenas.
Los representantes de la comunidad se presentaron además en la Procuraduría General de la República para interponer la denuncia por daño ambiental.
También acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una denuncia por la violación a sus derechos, sobre todo el derecho a la alimentación, pues abrieron brechas para sacar la madera y pasaron por sus parcelas de cultivo, el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano.
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